AGRIDULCE: LA LACERANTE IMPUNIDAD y LOS MATICES DE LA JUSTICIA EN MÉXICO.

-AGRIDULCE: TRES CASOS QUE EJEMPLIFICAN LA IMPUNIDAD y LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL GOBIERNO FEDERAL.

-UN VIOLADOR IMPUNE, UN FISCAL CON FUERO PRESO y UN EXTRADITADO SIN DERECHOS.

-AMLO MINTIÓ AL DECIR QUE OVIDIO GUZMÁN NO QUISO RECURRIR EL ACUERDO DE EXTRADICIÓN DECRETADO POR RELACIONES EXTERIORES.




AGRIDULCE, EXPRESIONES y MÁS.
Mtro. José A. Ordóñez González.

Para acreditar la lacerante impunidad que existe en nuestro país, y la reiterada violación a los derechos humanos e irrespeto al estado de derecho por parte del gobierno Federal, abordaremos hoy tres casos vigentes en el escrutinio público que ejemplifican claramente lo anterior.

El primero de ellos tiene que ver con el sacerdote JOSÉ VÍCTOR ORTIZ MONTES, protegido de los Cardenales católicos Norberto Rivera Carrera y Carlos Aguiar, que fuera acusado y encontrado responsable de los delitos de violación y múltiples abusos sexuales a menores.

No obstante, el escándalo mediático que representó para la sociedad católica y la magnitud de los delitos cometidos por el ahora ex sacerdote JOSÉ VÍCTOR ORTIZ, tanto a la Fiscalía General de la República como a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, argumentaron que los hechos deberían ser investigados por la otra y que no era su competencia. Lo que ha ocasionado que, hasta esta fecha, el perpetrador continúe libre, gozando de total impunidad.

JOSÉ VÍCTOR ORTIZ MONTES -hoy hallado culpable por El Vaticano de múltiples abusos sexuales a menores- durante sus casi 30 años en la Iglesia, ocupó cargos relevantes, por ejemplo, el de secretario particular del entonces arzobispo y cardenal Norberto Rivera Carrera. También se desempeñó como Canciller de la Arquidiócesis de México de 2011 a 2017.

Durante el mandato de Norberto Rivera como Arzobispo Primado de México y Cardenal, las denuncias contra su canciller no avanzaron ni prosperaron, pero tras la renuncia de éste en 2017 se reactivaron.

A este personaje le fue impuesta desde el Vaticano la pena máxima canónica que aplica la Iglesia Católica a clérigos sentenciados por pederastia, efebofilia y abuso sexual: la dimisión del estado clerical. Así, la Iglesia despojó al “Padre Pepe Ortiz” de su cargo y lo excomulgó de la comunidad religiosa, décadas después de la primera denuncia. Dicha pena le fue confirmada en todas sus instancias.

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la FGR confirmaron que a la fecha no existe registro de alguna denuncia interpuesta en contra del ex sacerdote.

De lo anterior deviene que ante la justicia mexicana los abusos se mantienen impunes y JOSÉ ORTIZ camina libremente por las calles, lo que pone de manifiesto, una vez más, la protección al más alto nivel de la Iglesia católica y de las autoridades del estado mexicano, de criminales que por décadas han abusado sexualmente de niños.

El segundo caso tiene que ver con el fiscal de Morelos, URIEL CARMONA, que ayer fue vinculado a proceso por cuarta ocasión, ahora por el delito de tortura en grado de coautoría, todo ello de la supuesta orden para someter y golpear a Luis Alberto “N”, alias “El Diablo”.

Con irregularidades tales como que la Fiscalía General de la República (FGR) litigó este asunto ante un juez del estado de Morelos, al final obtuvo vinculación a proceso por el delito de tortura contra Carmona Gándara, quien permanecerá preso en el Altiplano, en Almoloya de Juárez. Se pasaron por el arco del triunfo el fuero constitucional del que goza dicho personaje. En este caso la FGR peca de eficiente y en el del cura pederasta se hace de la vista gorda. Así o más evidente.

Y el tercer asunto se trata de la extradición de Ovidio Guzmán, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, quien el pasado viernes 15 de septiembre fue extraditado a Estados Unidos. Sus abogados confirmaron que a su cliente no se le respetó el derecho de recurrir la orden de su traslado a Chicago, tal como lo señaló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Ovidio Guzmán fue notificado de la determinación de la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores) la tarde del 14 de septiembre pasado, y el operativo para su traslado se llevó a cabo la mañana del día 15 de septiembre siguiente, sin que pudiera informar a su defensa sobre dicha determinación de extradición, máxime que el imputado y su defensa gozaban del término de 30 días para interponer demanda de amparo, contra ese acuerdo emitido por la SRE; es decir, la autoridad mexicana debió esperar que trascurriera ese término y ante la no interposición del recurso, proceder a extraditar al señalado.

A mis estimados y sapientes lectores les comento que los defensores del hijo del Chapo, se refirieron así a las declaraciones de López Obrador quien el lunes aseguró que el traslado de OVIDIO a Estados Unidos respondió a un convenio de colaboración con México para extraditar a presuntos delincuentes y que en este caso OVIDIO no recurrió el acuerdo de Relaciones Exteriores, lo que resultó totalmente falso.

Lo AGRIDULCE del primer tema deviene de la grosera impunidad que goza un ex sacerdote católico por los múltiples abusos sexuales cometidos a lo largo de sus 30 años en la Iglesia católica, protegido por los jerarcas eclesiásticos coludidos con las autoridades civiles. Del Fiscal de Morelos, con todo y el fuero constitucional del que goza, continúa la autoridad con una saña inexplicable, fabricándole delitos para mantenerlo en prisión, con el descaro que ahora la FGR litiga ante jueces de una entidad federativa. Y del tercer asunto comentado, es evidente que las autoridades involucradas no respetaron a OVIDIO y a su defensa, el plazo de 30 días para impugnar, mediante amparo, el acuerdo de extradición de la Cancillería violentando su derecho a un recurso judicial efectivo y el marco jurídico aplicable en materia de extradición. En estos dos últimos casos, con todo y que pudieran ser los peores criminales, no es excusa para no respetarles sus derechos como imputados previstos en la Constitución y las leyes.

Al final, el cumplimiento y la aplicación de la ley no debe tener matices, ni estar sujeta a agraciar a unos o a otros. El respeto a la ley debe ser tal que garantice la convivencia social, ejerciendo la justicia para dar a cada quien lo que le corresponde. Sin embargo, con solo estos tres ejemplos nos percatamos que en México todo es botellita de jerez, al revés. ¡HE DICHO ¡