AGRIDULCE:–LA FGR PROTEGE A IGNACIO OVALLE POR LOS CASOS DE CORRUPCIÓN EN SEGALMEX.

-AGRIDULCE: –LA FGR PROTEGE A IGNACIO OVALLE.

-FUE DIRECTOR DE SEGALMEX EN LA ÉPOCA QUE SE COMETIERON LOS DELITOS.

AGRIDULCE. Expresiones y más.
Por el Mtro. José A. ORDÓÑEZ González.

Sin tocar un pelo a IGNACIO OVALLE, la FGR presentó una nueva investigación ante un juez de distrito con sede en Oaxaca, quien concedió varias órdenes de aprehensión y autorizó 10 cateos a diversos inmuebles en diversas regiones del país.

Se trata de una nueva carpeta de investigación distinta a la iniciada previamente por el presunto uso indebido de recursos públicos de SEGALMEX para la compra de certificados bursátiles, hecho por el que ya fue vinculado a proceso el exfuncionario RENE GAVIRA SEGESTRE.

En este nuevo caso, la fiscalía solicitó recientemente órdenes de aprehensión contra ex servidores públicos que fungieron como directores, subdirectores, gerentes, subgerentes y jefes de almacenes rurales de SEGALMEX, pero curiosamente ninguna en contra de IGNACIO OVALLE, a pesar de que este fue titular de dicha institución, y por ende, jefe de todos los exfuncionarios acusados, durante el año en que se cometieron los delitos que se les atribuyen.

Sin duda alguna que el gobierno actual y la FGR protegen a Ovalle, ya que no ha sido imputado por ninguna de las irregularidades detectadas en SEGALMEX, DICONSA y LICONSA durante su gestión, las cuales significaron un daño al erario por 9 mil 500 millones de pesos.

Lo único que sucedió con Ignacio Ovalle es que solamente fue removido del cargo de director y designado en otra posición, ahora como Titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, de la Secretaría de Gobernación.

En este nuevo caso, la FGR indagó una contratación de fecha 24 de abril de 2020 a la razón social “Servicios Integrales Carregin, S.A de C.V”, para la adquisición de 25 mil toneladas de azúcar, por un monto de entre 418 y 465 millones de pesos, que se dio en términos irregulares e ilícitos.

Dicha compra fue solicitada por la Unidad Operativa de SEGALMEX en Querétaro como parte del Programa de Abasto Rural, que tiene la finalidad de garantizar a familias pobres el acceso económico a productos de la canasta básica, y se efectuó con base en un acuerdo para agilizar compras ante la pandemia de COVID-19 y garantizar su abasto.

La FGR logró investigar y acreditar ante el juez de control que libró las ordenes de captura, que los recursos millonarios se pagaron por adelantado a esa empresa, sin que entregara la totalidad del producto comprometido, y sin existir un contrato formal que amparara la adquisición, sino solo una hoja de pedido, que evidencia la corrupción generada en esta compra incompleta.

Además, la FGR, con los datos de prueba recabados, justificó que existió un acuerdo entre exfuncionarios y empresarios para favorecer específicamente a ese proveedor, que fue contratado de manera directa y sin licitación de por medio, a todas luces una situación irregular.

En este nuevo asunto penal, los ex servidores públicos de SEGALMEX, fueron imputados por la FGR de los presuntos delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita producto del uso indebido de atribuciones y facultades.

Hasta hoy, las órdenes de aprehensión fueron libradas por un juez de control, en contra de RENÉ GAVIRA SEGRESTE, quien fue director de Administración y Finanzas de SEGALMEX, DICONSA y LICONSA entre diciembre de 2018 y el 30 de junio 2020, y quien ya había sido vinculado a proceso por el presunto uso irregular de recursos públicos para la adquisición de certificados bursátiles fiduciarios privados. Otros exfuncionarios que busca aprehender la FGR son MANUEL LOZANO JIMÉNEZ, exdirector comercial; ROBERTO RIVERA RAMOS, exsubgerente en la Dirección Comercial encargado de la programación de adquisiciones; y, JESÚS MORALES GARZA, exgerente en la Dirección Comercial encargado de la contratación de granos y azúcar.

Entre los datos de prueba aportados por la Fiscalía sobresale que los nombres de estas personas, junto con el de GAVIRA, figuran en la “Hoja de Pedido” de las 25 mil toneladas de azúcar a favor de la empresa “Carregin”.

Las otras ordenes de aprehensión fueron giradas en contra de CARLOS ANTONIO DÁVILA AMERENA, ex director de Asuntos Jurídicos; JUAN BAUTISTA ROJAS FONTES, ex gerente de Control Presupuestal; JOSÉ RAFAEL DOMÍNGUEZ ORTIZ, ex subdirector de Tesorería General; CARLOS PERALTA ABURTO, ex subgerente de Presupuesto en la Unidad de Administración y Finanzas; LAURA PATRICIA HERNÁNDEZ ROJAS, ex coordinadora corporativa de Gerencia de Presupuestos en la Dirección de Finanzas; y, JOSÉ ROSALIO HERNÁNDEZ GARCÍA, ex coordinador corporativo de la Gerencia de Tesorería encargado del pago a proveedores.

La investigación se extendió hasta ex mandos regionales, por lo que también se busca detener a HUGO ARMANDO ROSAS MEDINA, ex subgerente de la Unidad Operativa Querétaro; JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ BOCARDO, ex subgerente de Abasto en la Gerencia Estatal Tlaxcala; JOSÉ ELÍAS ÁVILA PEÑA, ex jefe del Almacén Rural de La Luisiada, Guanajuato; SIMÓN ESCOBAR COPCA, ex jefe del Almacén Rural de San Luis de la Paz, Guanajuato; y, ARTEMIO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, ex subjefe del Almacén Rural de San Luis de la Paz, Guanajuato.

Cabe señalar que la empresa “Servicios Integrales Carregin, S.A. de C.V.” se constituyó el 4 de octubre de 2018 con domicilio fiscal en un domicilio particular de la calle Enrique Bordes Manguel, colonia Ampliación Asturias, alcaldía Cuauhtémoc, con un capital de 50 mil pesos y con 60 objetos sociales que incluyen la construcción, el transporte, las asesorías, el diseño y la publicación de textos.

Esta sociedad comercial no tuvo actividad sino hasta 2020, precisamente con DICONSA. Además de la compra de azúcar por hasta 465 millones de pesos, entre 2020 y 2021 obtuvo de esta empresa paraestatal otros 178 contratos con valor de 148.8 millones de pesos para surtir productos a varias unidades operativas estatales en el sureste mexicano.

En este asunto de evidente de corrupción, la FGR solicitó órdenes de aprehensión contra seis miembros de esta empresa: JORGE SAÚL ROMERO VALENCIA y DAFFNE IVANNA POMAR COLIN, ambos accionistas, y JOSÉ MIGUEL OJEDA ANTONIO, JOSÉ FRANCISCO PAGAZA LÓPEZ, EDUARDO ALEJANDRO MURILLO LANDEROS y JAVIER ADRIÁN JIMÉNEZ TINOCO, todos ellos en su calidad de apoderados.

A los nueve lectores les digo que, si bien estalla este gran escándalo de corrupción en SEGALMEX, DICONSA y LICONSA, no se toca a IGNACIO OVALLE quien fungía como director de la paraestatal en la época de la comisión de los delitos que se les atribuyen a todos los imputados ya mencionados. ¡Que alguien nos explique ¡

Lo AGRIDULCE en este caso es darnos cuenta los mexicanos, que aún en este gobierno del cambio percatarnos se protegen entre ellos para no enfrentar la justicia, como sucede con IGNACIO OVALLE, que permanece callado y sin asomar la cabeza, eso sí, gozando de la impunidad que le brindan los poderosos del nuevo régimen. Donde quedó aquella frase de: “No somos iguales”, en alusión a las formas de conducirse de muchos de los Prianistas de los gobiernos pasados.

El quedarse callado en estos casos, nos hace cómplices de la evidente corrupción que todavía prevalece en el país. Las cosas se tienen que decir y ya las dije. ¡ HE DICHO¡